NORMATIVA

El conflicto de intereses, para la Asociación Médica Americana, ocurre “cuando el interés económico de un médico entra o amenaza con entrar en conflicto con el mejor interés de y para su paciente”. Para la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile se define como aquella “condición donde un juicio o acción que debería estar determinado por un valor primario, definido por razones profesionales o éticas, podría estar o aparecer influido por un segundo interés”.

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En general, podemos decir que el conflicto de intereses se define como un conjunto de condiciones y circunstancias que pueden influenciar indebidamente en el juicio profesional en relación con el interés primario (bienestar y tratamiento del paciente, y validez de la investigación), por un interés secundario (provecho económico, afán de notoriedad, prestigio, reconocimiento y promoción profesional). Existe, pues, conflicto de intereses cuando una persona tiene la obligación moral de actuar en nombre de otros y esta acción se ve comprometida por los estrechos vínculos que tiene con un tercero.

Ahora bien, el conflicto de intereses se refiere sobretodo a una situación y no necesariamente a un comportamiento. Por esta razón, difiere esencialmente de la ‘falta científica’ (plagio, invención o distorsión de resultados y publicaciones redundantes, entre otras), la cual afecta la seriedad y calidad científica.

La declaración obligatoria de conflicto de intereses en medicina está generalizándose en reuniones científicas de todo tipo a lo largo y ancho del mundo. En algunos países si se es invitado o la persona se inscribe en un congreso o evento médico con una ponencia, taller o simplemente quiere mostrar en un póster los resultados de sus estudios, debe presentar la declaración de conflicto de intereses durante los últimos cinco (5) años de su ejercicio profesional.

Esto es así porque no es infrecuente que médicos que trabajan como asesores, divulgadores o investigadores para la industria farmacéutica, ocupen un rol como prestigiosos docentes o investigadores o formen parte de paneles de expertos. A priori, no hay nada incorrecto en que den conferencias, presenten sus resultados, publiquen, opinen y recomienden protocolos de tratamiento. Algunos conflictos de intereses son inevitables y no hay nada inherentemente antiético en aquellos conflictos en medicina, pero es la manera en que son abordados la que es crucial.

Ahora bien, como hemos establecido, a nivel internacional se ha llegado al consenso que el público de los congresos, simposios y cursos en general, tiene derecho a saber qué intereses pueden haber influido/guiado (más allá de los puramente científicos o clínicos) al ponente, especialmente si busca modificar la práctica profesional de la audiencia (médicos en su mayoría).

Lo mismo ocurre si se quiere publicar un artículo en alguna de las revistas más prestigiosas a nivel mundial de medicina (no todas las publicaciones exigen este requisito).

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Sin embargo, esta práctica no se ha generalizado en absoluto con respecto a los verdaderos afectados potenciales por la ética de la relación de médicos e industria farmacéutica: nuestros pacientes. ¿Qué derecho tenemos a dar, por supuesto, que a ellos no les interesa?

Pensamos que los pacientes pueden tener interés en saber si el laboratorio del fármaco o fórmula infantil que les acaba de prescribir su doctor ha pagado el viaje y alojamiento, junto con la inscripción a un congreso; si le ha incentivado económicamente por incluirlos en un estudio de cualquier tipo o tiene algunas prebendas especiales. Dejamos, por el momento, estas reflexiones y consideraciones al lector, de las que desde luego no escapan las sociedades científicas.

En lo que tiene que ver con el Congreso del Centenario (30 Congreso Colombiano de Pediatría), como se ha hecho con los demás congresos de la SCP, todos los ponentes e incluso los moderadores que participan en el mismo, deben dar a conocer, mediante documento escrito, si en relación con el evento en particular, existe algún potencial conflicto de intereses que pudiera introducir sesgo en el contenido de su presentación o si tiene alguna relación comercial que pudiese ser percibida por los participantes como tal conflicto.

Reiteramos que la SCP entiende que la existencia de un potencial conflicto de intereses o de una relación comercial, no implica necesariamente un sesgo en el contenido de la presentación, es más, se presupone siempre que dichas presentaciones están libres de tales sesgos comerciales.

Además de esto, todos los ponentes tienen la obligación de declarar y evidenciar, al principio de su intervención, la eventual existencia de un conflicto de intereses relacionado con el contenido de su presentación o su inexistencia. Para esta declaración, disponen de un documento que se les envía vía correo electrónico o pueden descargar en el enlace a continuación: