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Unidos por el respeto a los derechos de nuestra infancia y adolescencia

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La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) desde hace varios meses viene denunciando ante las autoridades nacionales y locales, y ante la opinión pública en general, una serie de atropellos y violaciones contra los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En las últimas semanas, ha sido noticia de primera línea en varios medios de comunicación el caso inhumano, ruin y corrupto de los alimentos contaminados que están siendo ofrecidos a nuestros menores en varios municipios. Desde todo punto de vista esta situación es algo reprochable; hay indignación nacional.

Los entes de control han detectado en estos alimentos gran variedad de bacterias y otros tipos de desechos. Es indignante que los atropellos contra nuestros niños en varios frentes sean una noticia diaria y recurrente, y las acciones oficia- les sean muy escasas al respecto, tardías o simplemente imperceptibles.

Hace unos años vivimos el caso del departamento del Chocó y verificamos cómo la Bienestarina que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enviaba a los niños se estaba usando como alimento para los porcinos de la región. Y hace poco, el diario británico The Guardian envió un equipo de reporteros a La Guajira, calificándola como uno de los lugares “más pobres y olvidados de Colombia”, realidad no muy lejana, pues las causas de muerte más frecuentes en los más pequeños, en lo que va corrido del año, son el hambre y la sed.

En estos momentos, muchos de nuestros menores no cuentan con un almuerzo y tampoco un desayuno, debido a la falta de recursos que el Gobierno Nacional ya no gira a varias regiones por la finalización de algunos contratos. Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional no ha dado a conocer cuál será la medida que tomará al respecto, aunque lo cierto es que mientras eso sucede los niños continúan sin recibir alimentación.

Por otra parte, cientos de colegios del país no han captado los dineros oficiales para cubrir la alimentación de miles de estudiantes, lo cual agrava aún más su estado nutricional y los ex- pone a grandes riesgos de morbilidad y hasta mortalidad, totalmente prevenibles y evitables.

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Jorge Armando Otálora, ha trabajado en este tipo de casos como el de Chocó, instaurando tutelas y concluyendo que, al vencerse los contratos firmados con Fungescol, fueron perjudicados alrededor de 77.700 estudian- tes en 29 municipios.

No solamente el tema de alimentación en ciertas regiones afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes, también es muy visible con altas cifras el flagelo del maltrato infantil. Los datos más recientes indican que anualmente hay cerca de 15.000 casos de abuso sexual, sumados a aquellos por drogadicción, reclutamiento guerrillero y violencia.

Como SCP, exigimos al Ministerio de Educación Nacional con carácter inmediato y urgente la solución de estos y otros problemas, en especial el alimentario, responsabilidad de ese Ministerio a través de su Programa Nacional de Alimentación Escolar. De igual for- ma, solicitamos a la Comisión Anticorrupción adelantar una investigación penal, fiscal y disciplinaria, para evitar la desviación de los recursos.

Todos los actos que vayan en contra de los derechos de la infancia y adolescencia son rechazados por la SCP; por esta razón y como una manera de aportar nuestro grano de arena además de la denuncia, deben ser los proyectos en los que debemos comprometernos desde la Fundación Colombiana de Pediatría (FUNCOPED). Quienes estén interesados en obtener más información y saber de qué forma pueden vincularse a dicha iniciativa, pueden comunicarse a través de los datos de contacto de la SCP, más cuando se acerca una de las épocas más esperadas del año por todas las familias, y en la que se nos despierta aún más ese espíritu de ayuda y colaboración: la Navidad.

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez 

Presidente SCP

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