Comité de la ONU reconoce adopción de normas, pero falta cumplir peticiones en favor de la niñez.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, en sus múltiples modalidades, sigue siendo la mayor preocupación para los organismos que trabajan por garantizar los derechos de esta población.
Esto lo evidencia un documento con 77 observaciones que entregó en febrero pasado el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Estado colombiano y que ayer fue socializado por Sara Oviedo, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño por América Latina y el Caribe, y Wanderlino Nogueira, comisionado miembro del Comité de los Derechos del Niño, con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Tras la adopción de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en noviembre de 1989, la presentación de informes periódicos, cada cinco años, responde a las obligaciones contraídas por los Estados que han ratificado la Convención (Colombia lo hizo en 1991).
El documento más reciente, que corresponde a los periodos cuarto y quinto, si bien resalta progresos alcanzados por el país con la ratificación de convenciones y en materia legislativa con la adopción de leyes sobre violencia doméstica, víctimas y restitución de tierras, prevención de violencia sexual y el Código de Infancia y Adolescencia, advierte la necesidad de implementar estrategias para garantizar los derechos de los niños.
Oviedo lamentó que el tema fundamental en Colombia sea la violencia. “Esto hace que en este país cada hora se viole a al menos dos niños, que cada minuto se aplique un castigo físico a un niño y que al día mueran al menos tres menores en el país“, lamentó.
Así mismo, animó a que el compromiso que el país tiene con la consecución de la paz se traduzca también en un impulso para proteger a los niños. “La paz no es el fin de la guerra simplemente, es la posibilidad de pensar una Colombia nueva, en la que se llegue a pactos, como lo están haciendo en Cuba, pero en relación con los niños“, dijo.
Nogueira, por su parte, fue enfático al afirmar que la mayor parte de las recomendaciones anteriores no fue atendida por el Gobierno. “Tanto, que en febrero de este año repetimos que Colombia no cumplió las recomendaciones anteriores. Hay necesidad de que se cumpla o que se dé razón de por qué no se está haciendo. Que haya un compromiso de cumplimiento de alguna forma“, dijo.
Para el comisionado miembro del Comité de los Derechos del Niño, es inminente la creación de un sistema de monitoreo que permita actualizar la información acerca de Colombia en materia de infancia.
“La situación de Colombia es para nosotros la descrita en las relatorías del Gobierno, de la sociedad civil y el confidencial de Unicef. Si situaciones nuevas están ocurriendo después de febrero de este año, no tenemos conocimiento de ellas. Necesitamos un sistema de monitoreo que produzca datos, informes más nuevos al respecto de cómo está, por ejemplo, la situación del conflicto armado en Putumayo, de la que tanto se habla”, señaló.
Nogueira resaltó la iniciativa de México de crear un observatorio, que se alimenta constantemente de información y produce informes con frecuencia. “Colombia estará de vuelta en el Comité solo hasta el 2021, y para entonces las recomendaciones estarán ‘vencidas’. Hay necesidad de que por lo menos anualmente se produzcan informes de seguimiento nuevos”, reiteró.
Gabriela Bucher, presidenta de la Fundación Plan, organización que hace parte de la Alianza por la Niñez Colombiana, una de las que gestionó la visita de los expertos del Comité al país, reconoció que es complejo crear un sistema de monitoreo, pero desde la Alianza se ha trabajado en desarrollar uno basado en derechos. “La mayor dificultad es que el Estado está organizado por sectores, y aunque cada cual maneja inversiones de forma aislada, finalmente es el mismo niño el que requiere una protección integral”, explicó.
Pese a las deudas que tiene el país con los niños, reconoció el avance con estrategias como De Cero a Siempre –de primera infancia- que ha logrado integralidad en los territorios. “Nos parece fundamental extender esto en los niños de 9 a 12 años, en los adolescentes y eso lo recomienda el Comité: ampliarlo a toda la población”, señaló.
Y agregó que el avance en leyes no es algo sorpresivo, porque “somos excelentes diseñando las mejores leyes, pero nuestro enorme reto es que se hagan realidad. Si medimos cómo se da la garantía del derecho en un niño vamos a avanzar, vamos a ver dónde se da y qué debemos mejorar. Pero si seguimos mirando desde las inversiones o desde normas genéricas, no logramos lo mismo”.
Los expertos del Comité llamaron al país a asumir las recomendaciones y a trabajar en conjunto para lograr resultados.
“Firmamos las recomendaciones, nos vamos puntuales a Ginebra, todos muy bien preparados, pero regresamos y lo ponemos todo en el cajón del escritorio. En el país no se han difundido antes las recomendaciones y tampoco ahora”, cuestionó Oviedo.
La vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño por América Latina y el Caribe instó al Estado a reunirse para definir a quién le compete el cumplimiento de cada una de las recomendaciones. “No solo a distribuir las responsabilidades sino a ver qué cambios necesitamos generar más profundamente para hacer posible su cumplimiento. En general, la humanidad no termina de asumir que la mejor inversión es en los niños. Todo lo que se deje de hacer en esa edad se transforma inclusive en más gasto”, concluyó.
Cristina Plazas, directora del ICBF. |
‘Hemos fallado en tolerar la violencia, desde el hogar hasta el conflicto armado’
Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hizo parte de la delegación del Gobierno que estuvo a comienzo de año en Ginebra durante la entrega de las recomendaciones por parte del Comité de los Derechos de los Niños.
¿Qué compromiso representan estas recomendaciones para el país?
La sesión del Comité de Derechos del Niño en Ginebra fue espacio para ratificar el compromiso y exponer logros y desafíos en relación con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el país. En este marco, las recomendaciones contribuyen a clarificar el camino que el país aún tiene por recorrer, con una mirada externa sobre los temas en los que debemos mejorar. Estas recomendaciones están siendo tenidas en cuenta para el desarrollo de nuestras políticas interinstitucionales y esto coadyuva en que Colombia pueda avanzar progresivamente en la garantía de derechos.
Representantes de ese comité dicen que el Estado colombiano les ha fallado y les sigue fallando a sus niños, ¿qué dice el ICBF frente a esto?
Es indudable la existencia del compromiso Estatal, que además de políticas públicas se representa en la voluntad misma de presentar en Ginebra informes de avance de forma periódica. Como sociedad hemos fallado en tolerar la violencia en diversos ámbitos, desde el hogar hasta en el conflicto armado interno, que aunque a muchos no les toca vivir sí termina afectando el objetivo común del bienestar y de la garantía de los derechos que queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ello, el Comité ha señalado que sus recomendaciones no se dirigen solo al gobierno, sino también a la sociedad civil y a las familias.
¿Les sorprende el diagnóstico que hacen de que Colombia no ha cumplido desde años atrás?
El país vive una situación de conflicto armado desde hace más de cincuenta años, y la deuda con la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes también es antigua. Consideramos que es valioso el ejercicio de esta mirada externa que nos permita enfocar mejor nuestros esfuerzos por lograr el cumplimiento de los derechos para la infancia y la adolescencia de este país. Pero le reitero, este compromiso es de todos y no se logrará solamente con la voluntad que demuestra el Gobierno Nacional.
Admiten los expertos que el conflicto colombiano ha sido una talanquera que impide garantizar extensamente derechos a los niños. ¿En un escenario de posconflicto se tienen pensadas acciones puntuales para que el país se ponga al día con los niños en esta materia?
Sí. Se trabaja con la Unidad de Atención a Víctimas para el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como víctimas del conflicto armado y, por tanto, para su atención y reparación integral. Tenemos el propósito de trabajar por mejorar la calidad del Servicio Público de Bienestar Familiar, de tal manera que las nuevas demandas que podría implicar este contexto garanticen una atención efectiva desde el Instituto. Particularmente en ICBF ya empezamos y nuestro programa de prevención y promoción para la protección integral de niños, niñas y adolescentes “Generaciones con Bienestar”, desde 2015 atenderá niños, niñas y adolescentes que ya tienen reconocimiento de víctimas.
De fondo, coincidimos con las declaraciones del Comisionado miembro del Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños, Wanderlino Noguera, en el sentido que la verdadera paz en el país la vamos poder observar cuando los niños y las niñas de Colombia dejan de ser víctimas de cualquier tipo de violencia.
¿Por qué el Estado no tiene un sistema de monitoreo y de indicadores para evaluar y hacer seguimiento constante de la realidad de los niños en el país? Los expertos insisten es que es indispensable para avanzar, ¿por qué es tan complejo crear este sistema?
No se puede hablar de la no existencia de un sistema de monitoreo y de indicadores para hacer seguimiento de la realidad de los niños, niñas y adolescentes en el país. En cumplimiento de una recomendación anterior del Comité, el país ya cuenta con un Sistema Unificado de Información sobre Niñez en el marco del cual se ha concertado el reporte de 53 indicadores de goce efectivo de derechos. El Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) y todas las instituciones que integra han realizado esfuerzos importantes por desarrollar estos indicadores que permiten hablar con datos reales sobre la garantía de los derechos.
¿Qué logros se han alcanzado?
Tenemos muchos para destacar, con un énfasis importante en Primera Infancia, pero sin duda los retos y desafíos son aún muy grandes, especialmente con los la niñez y la adolescencia que está entre los 6 y los 17 años. Estamos trabajando para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes colombianos, que superan los 12 millones. Cada una y cada uno cuenta.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15650415
