Editorial


 

Sobre la propuesta de reforma a la educación médica:
una reflexión personal

editorial

En calidad de Presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), egresado de una universidad privada, profesional de la pediatría en ejercicio que he tenido un desempeño en los diferentes niveles de atención en salud, docente de estudiantes de medicina de pre y posgrado, y actual director de un programa de especialización en pediatría con Acreditación de Alta Calidad emanada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, quiero compartir con mis colegas algunas reflexiones personales al respecto del documento ‘Recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia’, generado por un grupo de expertos.

El texto fue puesto en conocimiento público meses atrás y socializado ante varios líderes académicos del país. Plantea cambios coyunturales y estructurales en cuatro áreas, a saber: la educación médica de pregrado, la educación médica de posgrado, el desarrollo profesional permanente y el hospital universitario.

Dichos cambios fueron citados en 104 recomendaciones desde una comisión de 13 miembros con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, muchas de las cuales contienen aspectos muy positivos, pero otras me generan varias preguntas.

No tiene discusión que durante la últimas dos décadas los médicos colombianos han perdido su capacidad de resolución, se han convertido en ‘remitidores’ y no cuentan con una formación adecuada para tener una visión más global del paciente y su familia. Como el mismo documento lo describe, el modelo de atención en nuestro país se ha centrado en los especialistas y en la alta complejidad, limitando la capacidad resolutiva del primer nivel.

Pienso que definitivamente no es igual producir pediatras que fabricar computadores, ni formar pediatras para la edad media, que para la sociedad actual. Tampoco es independiente la formación pediátrica de los avances científicos, las tensiones sociales o los valores dominantes. Al contrario, en un proceso complejo y cambiante, cada sociedad forma sus pediatras según los conceptos que tiene y a la medida de sus necesidades y posibilidades.

El documento llama la atención sobre la inequidad dominante en el país, al mostrar la distribución del personal de salud. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe haber 25 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes. En Colombia, hay en promedio 31/10.000, pero en Bogotá hay 65/10.000, mientras en Chocó, Vichada y Vaupés sólo hay 6/10.000. Si el problema es grave en términos de médicos generales, es peor en cuanto a especialistas.

Es urgente una redistribución del personal de la salud. Sin embargo, eso implica cambios de fondo en la relación urbano-rural, las condiciones materiales de vida y la disponibilidad de recursos.

Hay muchos aspectos positivos de este documento que merecen destacarse, entre ellos, la importancia dada a la transdisciplinariedad y la interdependencia, y a los componentes humanísticos y éticos del proceso formativo. Además, la necesidad planteada de diversificar los campos de formación y de práctica, no reduciéndolos al ámbito hospitalario de alta complejidad. El llamado a superar la memorización y a pensar y proponer, a partir de problemas reales y la necesidad de formar no sólo médicos para atender enfermos, sino para investigar y trabajar en el campo de la salud pública.

Asimismo, la reivindicación de los hospitales universitarios y la urgencia de afinar los mecanismos de acreditación de títulos, como controlar la proliferación de escuelas de medicina que en Colombia ya son numerosas: 56. Me parece débil y frágil este documento en su posición frente a la mercantilización de la salud y la educación en el país.

Otro interrogante es acerca de la clara vulneración de la autonomía universitaria, cuyos postulados están plasmados en la Constitución Política y en la Ley 30 de 1992. El documento propone la creación de un Consejo General de Educación Médica que asumiría el control casi total de la formación médica, con potestad de intervenir en los procesos de ingreso a pre y posgrado, el currículo a seguir e inclusive los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de cada escuela de medicina. No puede ponerse una ‘camisa de fuerza’ a las universidades de todo desconociendo las diferencias entre lo privado y lo público.

Por último, se mantiene una gran preocupación por la sostenibilidad de las facultades de medicina y ciencias de la salud en general, cuya supervivencia está amenazada por las cada vez más exigentes contraprestaciones exigidas por los centros de práctica.

A pesar de todo lo anterior, celebramos la intención de estandarizar una formación basada en competencias que favorezcan el pensamiento crítico, reflexivo, ético y humanístico, además de la implementación de estrategias didácticas, como el aprendizaje basado en problemas.

Finalmente, considero positivo en la propuesta el hecho de propender por el mantenimiento de las competencias de los posgraduados, mediante la inclusión de políticas claras de desarrollo profesional permanente.

La salud es un derecho fundamental de los colombianos y, en consecuencia, la formación del recurso humano que sirva y sea guardián de ese derecho, siendo de la mejor calidad posible y entendiendo que esto no es un gasto sino la mejor inversión para cualquier sistema de salud.

 

Seguiremos aportando, como Sociedad Colombiana de Pediatría, nuestros conceptos y opiniones, y esperamos que el documento en cuestión termine de construirse con el mayor cuidado posible, debido a todas sus implicaciones no sólo para la formación médica, sino para la salud de la población infantil como se resaltó anteriormente.

 

dr

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez

Presidente Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP)