Las voces infantiles que ruegan por sus vidas no serán escuchadas por la Procuraduría, ni mucho menos por los sicarios que los matan.
Hace cinco meses desaparecieron los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, estado de Guerrero (México). El gobierno del señor Enrique Peña Nieto no se ha dado¬¬ mañas de encontrar el paradero de los estudiantes, sea que aún estén con vida, o que hayan sido asesinados por la banda criminal que se autoatribuyó el secuestro, perpetrado en evidente complicidad con las autoridades de policía local y federal, y del ejército.
El clamor incesante de padres y parientes de los cuarenta y tres normalistas, la indignación (palabra que ha perdido lustre porque, como lo anotó Margarita Rosa de Francisco, hoy todo el mundo “se indigna” por las pendejadas más pendejas) de la comunidad internacional, tuvieron efecto cero en el Gobierno federal, cuya única preocupación ha sido restarle importancia al monstruoso crimen y minimizar el dolor de las familias que reclaman la devolución de sus muchachos o el castigo de sus asesinos. Ni una cosa ni otra. La Procuraduría General de la República (PGR) llegó a una conclusión olímpica: “Los estudiantes fueron asesinados y quemados (no se sabe por quién) y calcinados a tal grado que es imposible reconocer su ADN”.
Caso cerrado, impunidad garantizada. La frialdad indolente con que la PGR ha dado su veredicto, sin mostrar pruebas de nada, sin manifestar un ápice de compasión por el dolor de los padres, hace parecer cálidos los vientos helados que han caracterizado el presente invierno.
Producto de la indescriptible cadena de corrupción que el auge del narcotráfico expandió en las sociedades que lo padecen, y peor aún, que lo toleran, e incluso que lo encubren si de él derivan provecho, ha desatado a su vez la violación sanguinaria de los derechos de los niños y de los jóvenes. En Colombia la situación de los últimos días no augura nada bueno para el futuro inmediato. Cuatro niños menores de diez años son asesinados a balazos por dos sicarios, que escaparon sin problema. En Dagua (Valle), otro niño fue asesinado, y otro más, torturado y asesinado en La Vega (Cundinamarca). En Bogotá, tres mujeres jóvenes perdieron la vida en circunstancias extrañas, sin que se tenga la menor idea de los motivos del crimen, ni de sus autores. Como a la PGR mexicana, a la de Colombia no le interesan esos casos menores, no urge su aclaración a los organismos correspondientes, no expide sanciones por negligencia de las autoridades. A la Procuraduría nuestra la ocupan cosas serias, como perseguir a los enemigos del Centro Democrático y de su intocable jefe, o satanizar a “los cómplices” del Gobierno en las gestiones por traerle la paz a Colombia.
Los propios niños decidieron salir a las calles a suplicar desesperados que no los sigan matando. A explicarles, con los ojos llenos de lágrimas, a quienes dirigen esta sociedad moralmente enferma, que al asesinar a los niños se está asesinando el futuro. Las voces infantiles que ruegan por sus vidas no serán escuchadas por la Procuraduría, ni mucho menos por los sicarios que los matan, ni por los monstruos que los mandan a matar. Somos los ciudadanos los que estamos en la obligación categórica de cuidar y proteger a nuestros niños, si las autoridades resultan incapaces de hacerlo. No podemos dejarlos desfilar solos en la calle, mientras claman por el respeto a sus vidas. Hay que salir con ellos, a defenderlos, a cuidarlos, a decirles que no los hemos abandonado, y a demostrárselo con hechos. En La Habana pueden firmar todos los acuerdos de paz que se les ocurra. En Colombia no habrá paz mientras los niños colombianos estén amenazados en sus derechos a la vida, a la seguridad, a todos los bienes que una sociedad decente tiene el deber ineludible de proporcionarles.
Los enemigos de la paz, los asesinos de los niños, los que en estos últimos días se han dedicado a explotar petardos terroristas, coinciden en el mismo empeño de truncar la marcha por la vida, programada para el 8 de marzo. Han querido enlodar a una persona intachable como Antanas Mockus. ¿Podemos permitir que esos criminales se salgan con la suya? Ahora más que nunca es imperativo hacer la marcha del ocho de marzo. Una marcha vibrante, multitudinaria, estruendosa, que se haga oír en todos los rincones del país y del planeta. Una marcha sin reversa por la vida, por los niños y por la paz.
Vivimos días sombríos, amenazados por el crimen. La marcha del 8 de marzo será también para notificarles a los criminales que no vamos a dejar que nos acorralen. La vida sigue su curso, es verdad; pero a los cuarenta y tres jóvenes de Ayotzinapa, a los cuatro infantes del Caquetá, a las tres jóvenes asesinadas en Bogotá, a los niños de Dagua, de La vega, y de donde quiera que se atente contra ellos ¿quién les devolverá sus vidas, criminalmente truncadas? ¿Los cubriremos con un manto de piadosa impunidad?
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Al cerrar esta columna (jueves al medio día) recibo las últimas declaraciones del jefe de la Delegación del Gobierno en las conversaciones de La Habana, Humberto de la Calle. Supongo que serán reproducidas in extenso por los periódicos y recomiendo su lectura cuidadosa. Las considero de suma importancia como contribución a la tarea de proteger a los niños.
Enrique Santos Molano
Tomado de: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dias-sombrios/15239498
