La sistemática desnutrición y hambre que padece el pueblo wayuu los está exterminando. Los indígenas estiman que en los últimos cinco años han muerto más de 4.700 menores.
Por: Catalina Ruiz-Navarro
Estiman, porque no hay cifras, pues muchos wayuus no ven la utilidad de atravesar el desierto para registrar a sus hijos ante un Estado que históricamente no les ha dado nada, y mucho menos avisarle de las muertes de sus hijos, que no habrían muerto si de verdad fuéramos una nación pluriétnica y multicultural, si a la cultura dominante le importaran. Sin embargo, murió el 38,9% de los niños menores de cinco años registrados por el DANE en 2012.
“Es que ni se ayudan ni se dejan ayudar”, parece decir “una mujer” en un reciente artículo de El Tiempo que muestra a los indígenas wayuus como indolentes y pragmáticos ante las muertes de sus hijos: “No, no, déjelo ahí. No se lo vaya a llevar, porque si el niño se muere en manos suyas, usted lo paga”, “No tienen plata para llevar el niño al hospital, comprarle medicina o hacerle su comida, pero cuando el niño muere, sacan ganado, sacan pal (sic) mes de velorio. Ahí sí hay plata, hay comida, hay festín, hay todo”. El Espectador presenció otro velorio. “El cuerpo de Rita estaba en una cajita de madera que hizo su papá y la estaban velando dentro de la choza, repleta de indígenas que rezaban por ella”. También corroboró las raciones de leche y pan que les dan a los niños, que no son aptas para niños desnutridos del desierto y les producen diarrea. “¿Sabe cuánto vale ese refrigerio? $4.100. Basta con ir a una tienda de barrio para comprobar que esa leche vale $500 y el pan $100, es decir, hay un desfase de $3.500”. Los niños que vuelven vivos del hospital morirán a los pocos días, porque sus condiciones de vida no han cambiado. Todo el pueblo está desnutrido, pero son los niños los que mueren primero, y los vivos tienen que pensar en los vivos, porque así es la supervivencia.
Cristina Plazas, directora del ICBF, dice que ellos han “venido cumpliendo con sus compromisos” pero que “el ICBF no puede solo con el problema”. Para Plazas, el mayor problema del departamento es la sequía y que “el Estado es muy garantista y no les exige a las comunidades indígenas obligaciones para que también aporten soluciones. Los indígenas deben ser parte de la solución”. Claro, el Estado es muy garantista. Por eso las comunidades del Resguardo de la Alta y Media Guajira tienen servicios públicos, educación, acceso a la información y los medios de comunicación, carreteras, participación política y acceso a un sistema de justicia eficiente. Ah, pero no los tienen. Entonces quizás la sequía no es el mayor problema del departamento.
Es evidente que el pueblo wayuu no se está muriendo de hambre por gusto. Todos sabemos que en La Guajira hay plata para cumplirles y también es claro que esa plata se la roban. A los wayuus les quitaron el río Ranchería para favorecer a los extractores de carbón del Cerrejón y les dejaron una tierra seca y lejana que no pueden cultivar. Y ante eso, el Estado, nada. La única esperanza es que la CIDH dicte medidas cautelares para que se abran las compuertas de la represa de El Cercano y regrese el agua a los indígenas. Los wayuus no tienen ni han tenido los mínimos básicos que deben tener en una democracia, no se han garantizado sus derechos, han sido discriminados, tratados como ciudadanos de quinta, cuando son tratados como ciudadanos. Ya se ven grupos de Facebook para recaudar dinero para mercados y ayudar a “nuestros” indígenas. Pero los wayuus no necesitan caridad, merecen dignidad y respeto. No tendrían hambre si tuvieran derechos.
@Catalinapordios
Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/el-desierto-verano
