Es claro que cualquier evaluación requiere ir tras las causas de los problemas, y ese es el desafío de los colegios y del Gobierno.

He recibido numerosos mensajes que hacen referencia a la jornada de reflexión que impulsó el Ministerio de Educación el día 25 de marzo. Lamento no poder responder individualmente a más de un centenar de amables lectores de esta columna, por lo cual intentaré usar este espacio para referirme a los tópicos más frecuentes.

Muchos se refieren a problemas relacionados con la pedagogía: falta de motivación de los estudiantes, metodologías inapropiadas y obsoletas, mala preparación de los maestros en asuntos tan esenciales como la evaluación del aprendizaje y de la formación básica en matemáticas, ciencias y lenguaje, que constituyen la columna vertebral del desempeño académico.

También se hace referencia a la ausencia de trabajo en equipo dentro de los colegios, la carencia de liderazgo pedagógico de los rectores y un deterioro notable de la convivencia, que se refleja en frecuentes conflictos entre maestros, entre estos y los directivos, entre los estudiantes y entre padres de familia y maestros. Pareciera que han perdido la posibilidad de construir consensos mínimos que permitan a la comunidad educativa encontrar propósitos comunes que generen dinámicas positivas en el deseo de obtener logros que beneficien a toda la comunidad.

Hay referencias a modelos autoritarios que se manifiestan en la mala comunicación entre estudiantes y maestros, uso punitivo de las calificaciones y arbitrariedad en la aplicación de normas de disciplina. Pareciera haber una terrible sensación de impotencia para controlar a niños y jóvenes mediante la construcción de una autoridad basada en valores compartidos y normas claras que aseguren la fortaleza institucional.

De otra parte, se menciona una gran cantidad de factores administrativos que inciden en los resultados que muestran las evaluaciones. A estas alturas del año todavía hacen falta maestros en muchísimos colegios y, seguramente, el problema se va haciendo más grave cuanto más pobres son las escuelas. Los rectores no tienen tiempo de ocuparse de su misión esencial porque deben dedicar gran parte de su tiempo a asuntos administrativos que en los colegios privados de calidad realizan gerentes administrativos, inexistentes en el sector público.

La solución de muchas de estas dificultades no depende del colegio, pues la organización del sistema asigna esta gestión a las secretarías de educación, que, a su vez, señalan que el nivel central no les da autonomía para responder oportunamente a las demandas de las instituciones. Además, los rectores se quejan de tener que ocuparse de multitud de programas que provienen de autoridades superiores sin haber sido consultados previamente, lo que impide una planeación clara de sus actividades. Según algunos de ellos, esas irrupciones descontextualizadas ocasionan un gran desorden, pues implican mover estudiantes y maestros, reprogramar clases y asistir a decenas de reuniones que no obedecen a las necesidades de cada colegio, amén de la necesidad de llenar decenas de formatos y elaborar informes sin ningún sentido.

Y, claro, también hay comentarios de personas y organizaciones que consideran que la cuestión fundamental es que se pretenda establecer un indicador de evaluación antes de resolver todos los problemas históricos, acumulados desde antes de la independencia. Eso es tanto como pedir que se eliminen los termómetros que usan los médicos, pues ellos terminan teniendo la culpa de que el enfermo tenga fiebre.

Es claro que cualquier evaluación requiere ir tras las causas de tales problemas, y ese es el desafío de los colegios y del Gobierno. Los primeros tienen en sus manos las soluciones pedagógicas e institucionales, el segundo tendrá que ocuparse de los inconvenientes de gestión del sistema.

Francisco Cajiao
fcajiao11@gmail.com

 

Tomado de: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/gestion-y-pedagogia-francisco-cajiao-columnista-el-tiempo/15526842