Es vergonzoso que gran parte de los fallecimientos de mujeres gestantes se hayan podido evitar.
Hace unos días, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfa) informó que en Colombia mueren, cada año, cerca de 500 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Mortalidad materna es el indicador que técnicamente define este tipo de decesos. Se trata de un indicador centinela incontrovertible del desarrollo de las naciones.
El país ha tenido progresos en esta materia, pero han sido significativamente lentos. Es más: en algunas regiones el avance ha sido nulo. Aunque la cifra global señala que Colombia, en su conjunto, pasó de una tasa de 104,94 muertes por 100.000 nacidos vivos, en el 2000, a 69,3 por 100.000, en el 2013, está lejos de ser tranquilizadora, porque es el reflejo de que se está haciendo algo mal.
Con una cobertura en salud que bordea el 96 por ciento de la población colombiana y el 98 por ciento de los partos atendidos en instituciones y no en la casa, resulta vergonzoso y triste que el Fondo concluya, en su diagnóstico, que la casi totalidad de las pérdidas pudieron evitarse.
Las causas por las que estas muertes ocurren son mucho más graves: en casi ocho de cada diez de tales fallecimientos se detectan tratamientos médicos inadecuados e inoportunos y falta de seguimiento y controles que permitirían identificar a tiempo factores de riesgo.
Semejante diagnóstico se relaciona no solo con las barreras de acceso y la falta de oportunidad derivada del aseguramiento; también, y en mayor medida, con la calidad de los servicios que la red de prestadores del sistema de salud ofrece a sus afiliados.
La atención y seguimiento de una mujer durante todas las etapas del embarazo y el parto son lo mínimo que una sociedad pide de su sistema de salud; no hay manera de justificar que estas pacientes acaben en instituciones de baja categoría, muchas veces atendidas por médicos y personal incompetentes cuyos vacíos formativos ponen en serio peligro sus vidas y las de sus hijos.
Cabe recordarles, a quienes se les olvida, que el país y sus ciudadanos hacen enormes esfuerzos financieros para sostener un sistema que esté en capacidad de garantizar que las futuras mamás reciban la atención que merecen. No en vano muchas normas las priorizan por encima de cualquier otro interés.
Pero la inequidad en Colombia es de tal tamaño que mientras Bogotá ostenta una tasa de mortalidad materna de 27 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos, la del Vichada es de 412 por cada 100.000, superior incluso a la de La Guajira –convertida en el objeto de decenas de campañas y programas focalizados que resultan inocuos–, que está en 255 por 100.000.
Cualquier análisis, balance o proyección que quiera hacerse del crecimiento, desarrollo y disminución de la brecha de pobreza e inequidad tiene que pasar a la fuerza por este indicador. Un país en el que las mujeres mueren por dicha causa no puede sino esgrimir la etiqueta del atraso. Lo increíble del asunto es que se cuenta con la política, las normas, los recursos y el entramado conceptual y administrativo para mejorar.
Habrá que dar una mirada a las explicaciones que dé el país al mundo este año, cuando tenga que admitir que se rajó en el Objetivo de Desarrollo del Milenio, que pretendía que Colombia redujera este lamentable indicador en un 75 por ciento. Sin importar cuáles sean, son inaceptables.
