Sobre la crisis carcelaria, Otálora Gómez llamó la atención sobre las precarias condiciones que afrontan los internos en la cárcel de Riohacha. De acuerdo con la entidad, esta es la más hacinada del país con un índice que se acerca al 480 por ciento, “y donde los reclusos tienen que dormir uno encima de otro, incluso de pie, pues el espacio no da más alternativa”.
Durante su visita humanitaria, la entidad constató las graves consecuencias que genera el vertimiento incontrolado de desechos a través del emisario final, que además de arrojar las aguas negras de toda la ciudad de Riohacha al mar Caribe, se ubica en un sector donde al menos 80 familias tienen que convivir con los malos olores y el impacto que para la salud genera la salida de esos residuos no tratados.
Durante seis meses de investigación, la Institución estableció elevados índices de necesidades básicas insatisfechas en municipios como Uribia, Manaure, Maicao y la Jagua del Pilar, donde las muertes evitables, la persistencia del riesgo por el desplazamiento de las comunidades y el accionar de los grupos armados ilegales, se extiende a otras localidades como El Molino, Villanueva y Urumita.
Otálora Gómez señaló que no hay explicaciones ante la indolencia e inmovilidad de las entidades públicas para atender las necesidades y los derechos más apremiantes de la población, particularmente de los indígenas Wayúu.
