El 17 de marzo, mientras miles de personas se movilizaban frente al Concejo y en la plaza de Bolívar por la defensa de lo público, la paz, la justicia social y climática y se conocía la tercera encuesta en Bogotá sobre la desaprobación por encima del 60% a la gestión del Alcalde Peñalosa; la maquinaria en el Concejo de Bogotá en menos de 24 horas aprobó la reforma del sector público de la salud en Bogotá, para dejar en claro que efectivamente Peñalosa cumplía con el encargo de: “… recuperar Bogotá…”, pero para los privados, en lo que seguramente comienza a configurarse como un carrusel de nuevo cuño.
Mediante la aprobación del acuerdo 076/082, 22 Hospitales Públicos con más de 160 puntos de atención construidos durante décadas con la participación de la población, quedaron fusionados en 4; se creó una entidad denominada de “Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica”, pero cuyo objeto social es el apoyo administrativo y logístico no misional de los hospitales públicos; se creó el instituto de Ciencia, biotecnología e innovación entre otros.
Estas cuatro medidas tienen la marca “Peñalosa” que vale la pena destacar: 1. No cuentan con los estudios previos que contenga las viabilidades técnicas, jurídicas, administrativo/financieras y sociales requeridas para decisiones de tanto calado para la ciudad; 2. Son inconsultas con la comunidad, la academia y la opinión pública, pese a la realización de un foro en el IDRD, en los primeros días de marzo, con todos los concejales y 600 personas, en el que de las más de 60 intervenciones el 95% rechazó la propuesta. 3. Son un cheque en blanco a la administración para incorporar privados sin ánimo de lucro, totalmente desconocidos, tanto en la nueva entidad logística, como en el Instituto de Biotecnología y en el consejo territorial de seguridad social, sin ningún criterio, salvo que firmen el acta de constitución. 4. Utilización de publicidad engañosa, al prometer a la opinión pública que esto terminará con el paseo de la muerte, que se ahorrarán 150 mil millones los hospitales, que disminuirá el personal administrativo, que desaparezcan los trámites para la atención, etc. La marca Peñalosa, ya se deja ver no solo en salud, también en la Reserva Vanderhamen, el Metro, el espacio público, la Secretaría de Seguridad entre otros. Propuestas sin estudios y en otros casos propuestas que desestiman estudios.
Pero veamos cada medida en detalle: Los 22 Hospitales, ahora fusionados en 4, tendrán juntas directivas y gerentes nombrados unilateralmente por el Alcalde y Secretario (En todo el país se hace por concurso); producirán por tanto nuevos estatutos inconsultos que en todo caso deben garantizar la cesión de sus funciones de contratación a la nueva entidad logística, es decir casi 2 billones de pesos al año, quedarán en manos de una entidad mixta que tendrá actores privados sin ningún criterio, sin ninguna obligación específica, con derecho a definir, tan solo por firmar el acta de constitución. Los Hospitales públicos de Bogotá vienen en un proceso de recuperación incuestionable, a tal punto que el Ministerio de Salud en mayo de 2015, mediante la resolución 1893, de los 22 hospitales de Bogotá, solo dejó a tres en riesgo financiero, después de que en 2014, habían sido 14; Por supuesto, la situación no es la mejor y son grandes las dificultades que vive la población de Bogotá para acceder a servicios de salud en forma oportuna, digna y con Calidad; sin embargo se engaña a la ciudadanía cuando se atribuye este mal tan solo a la red pública, que se hace cargo tan solo del 25% de la atención en salud y se omite hacer referencia a que las deficiencias en servicios, son iguales o peores en la red privada que además de estar concentrada en Chapinero y Usaquén, niega servicios y deja morir los pacientes en los pasillos esperando autorizaciones de sus dueñas, las EPS privadas de esta ciudad.
No comparto cuando la secretaría cuando habla pomposamente de redes integradas de servicios de salud, cuando el 80% de los prestadores de la ciudad que son privados, hacen lo que les conviene, abren y cierran servicios y camas de acuerdo a sus intereses financieros, no coordinan con la red pública, están por fuera en muchos casos de la rectoría de la Secretaría y esos sí, no trabajan en red, porque nadie los obliga. Deberían cerrar, y/o fusionar esos cientos de servicios de garaje que funcionan en Bogotá, antes que seguir atacando el patrimonio público de la Ciudad que con todas sus limitaciones, mantienen abiertas las puertas sin discriminación a la población más pobre.
Por lo anterior el viernes 18 de Marzo instauré una Acción Popular para defender la red pública hospitalaria, patrimonio de los bogotanos.
Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/no-un-revolcon-salud-privatizacion-de-salud
