ICBF rechaza proyecto de Fiscalía y Minjusticia, el cual extiende rebajas de penas por colaboración.
En el 2013, según los registros de Medicina Legal, más de 17.000 menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales. Ese mismo año, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, se cerraron 9.611 investigaciones: en promedio, en 8 de cada 10 casos no se logró establecer ni siquiera si hubo o no delito y solo en uno de cada 10 el agresor fue condenado.
De esas proporciones es la impunidad que rodea los delitos sexuales contra los menores de edad en Colombia. El problema, que no es nuevo, volvió a sonar esta semana por la oposición de la directora del ICBF, Cristina Plazas, a un proyecto de ley de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia que, entre otros muchos temas, extiende las rebajas de penas a responsables de crímenes contra menores si confiesan o colaboran con la justicia para desmantelar redes delictivas.
El debate, que no se limita a esos delitos, es de fondo: ¿la única manera de lograr justicia es darles gabelas a los delincuentes?¿Tiene sentido mantener normas draconianas que, en la práctica, poco sirven para frenar nuevos delitos?
Los argumentos de lado y lado son fuertes. En el 2006, el país apoyó el Código de Infancia y Adolescencia, que eliminó cualquier tipo de beneficios a los que atacaran a los menores de edad. Y el año pasado, el presidente Juan Manuel Santos prometió que apoyaría el referendo para establecer la cadena perpetua contra los responsables de esos crímenes. La realidad que sustenta esas decisiones es la de los 39 niños y niñas que, según un documento de Usaid, la OIM y varias ONG, a diario son víctimas de estos ataques. Lea ‘¿Rebajarían penas si las víctimas fueran sus hijos?’: Directora ICBF
La Fiscalía sostiene que aunque cada año está llevando más supuestos responsables a juicio, las condenas vienen cayendo, y que la razón principal es que los acusados ya no tienen el incentivo de confesar para rebajar su condena. De 246 acusaciones en el 2005 se pasó a 3.388 el año pasado. “En contraste con lo anterior –dice el fiscal Eduardo Montealegre–, a pesar del aumento de las investigaciones, las sentencias no han crecido. La proporción de sentencias respecto de las imputaciones pasó, según dijo, de 78 por ciento en el 2005 a 59 por ciento en el 2008 y a 49 por ciento en el 2014. Lea ‘Postura del ICBF es incoherente con la visión del Gobierno’: Fiscal
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señala que en esta polémica hay varios factores para considerar. Por un lado, la dificultad de investigar y comprobar lo que los expertos llaman ‘delitos a puerta cerrada’, que se caracterizan por la falta de denuncia y la precariedad de las pruebas.
Siendo esto así, dice Borrero, conceder rebajas para agresores sexuales de menores que confiesen podría abrir las puertas a nuevos riesgos: “Los agresores de niñas, niños y adolescentes generalmente son personas cercanas a su núcleo familiar o conocidos, quienes van a volver a donde está el menor sin que exista un sistema de protección adecuado para la víctima ni un tratamiento para resocializar al victimario”.
La posición del ICBF logró ya que de la ponencia para primer debate se elimine expresamente la eventual rebaja de penas. Pero la reforma del Código de Procedimiento va más allá de la actual polémica. Ese mismo proyecto es el que permitiría que personas ya condenadas puedan recibir beneficios si deciden colaborar con las autoridades.
El asunto es clave porque se podría aplicar, por ejemplo, en el caso de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, a quien la Fiscalía le ha ofrecido rebajas si delata a otros implicados en las chuzadas que se hicieron desde ese organismo de inteligencia. Bajo el actual sistema, Hurtado, quien fue condenada a 14 años, no tendría acceso a rebajas.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/delitos-contra-menores/15860156
